Inicio de reencuentros sobre política penitenciaria

En el Colegio de Abogados de Bizkaia el pasado día 11 de enero se celebró un encuentro público sobre “política penitenciaria” entre representantes de PNV, Bildu, Elkarrekin- Podemos y PSE-EE. Moderados  por Teresa Toda (periodista) Amaia  Arregi, Julen Arzuaga, Andeka Larrea y Rafaela Romero ejercieron de puntas de lanza, avanzadas y dialogantes, o si se quiere de rompehielos exploradores de sus corrientes, haciendo públicos sus avances conversacionales a lo largo de meses sobre  esa cuestión. Como es sabido, se cruza con otras como Derechos Humanos –su enfoque inspirador-, víctimas, reparación, memoria, paz o salidas democráticas. Aunque se deben separar estos temas, todos están relacionados, y se afectan o interfieren mutuamente.

El nuevo tiempo político, marcado sobre todo por el alto el fuego de ETA hace 6 años y su desarme unilateral hace menos de un año, no se ha visto correspondido por una revisión de décadas de política penitenciaria vengativa aplicada al colectivo de presos vascos. El grupo de reflexión autorizado convino –y es mucho avance puesto que solo queda fuera el PP vasco- en cuestiones como: acercamientos de personas presas; excarcelación de las gravemente enfermas; facilitación de las progresiones de grado; cómputo de penas conforme a parámetros judiciales  europeos; transferencia de la competencia de política penitenciaria; el fin de las legislaciones excepcionales (perpetua revisable, tipos delictivos..) para volver a las ordinarias; encuentros reparativos voluntarios con familiares de víctimas; despolitización de la función social de las víctimas; la justicia restaurativa …

Un gran paso. A todos nos sorprendió su alcance y posibilidades abiertas –por ejemplo, pronunciamientos parlamentarios e iniciativas políticas temáticas o más globales en esa dirección en el futuro- en contraste con la realidad del increíble parón institucional, judicial y legislativo que se vive en todas esas cuestiones, a pesar  de 6 años sin ETA.

El aire que se respiraba en la sala –repleta de expresos y personas de la sociedad civil- no era, sin embargo, optimista ni triunfalista vistas las elementales temáticas que se tratan de gestionar en este tiempo post-ETA y que, por fuerza, remite a una mirada crítica sobre las estrategias y efectos de la época anterior. Pero, al mismo tiempo, el esfuerzo de generación de valores, lenguajes y preocupaciones comunes, más allá de las ideologías y trincheras -lejos de esquemas de “vencedores y vencidos” y cerca de una lógica de reconciliación que es el que interesa a la sociedad-  es seguro que pondrá bases más sólidas y compartidas y puentes para la convivencia.

Una de las cuestiones que costará cambiar será el sentido de Justicia. La que todavía tenemos vigente es la Justicia Ejemplar que tilda de terrorismo lo que no lo es (caso Altsasu) o con penas que no contemplan la reinserción. Fue concebida solo para la lucha antiterrorista y contra un sector social especifico, a través de una excepcionalidad normativa, judicial, policial y penitenciaria, ajena al Estado de Derecho y a la igualdad ante la ley.

Un paso sería volver a la justicia ordinaria e igual para todos de una Justicia Retributiva (quien la hace la paga con proporcionalidad formal) y propósito de reinserción.  Así el artículo 1º y principal de la propia Ley General Penitenciaria de 1979, que no se aplica de hecho a las personas políticas presas, dice que las instituciones penitenciarias “tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados”. Y el artículo 3, también incumplido al discriminar a la población política presa, dice que la actividad penitenciaria “se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza”.

Con todo, los pasos más importantes para la convivencia podrían venir de una Justicia Restauradora que da importancia, más que a la pena misma, a la relación entre víctimas, victimarios y sociedad, a la búsqueda de sanar el daño social.

Y yendo más allá, habida cuenta de que el problema de la violencia en Euskal Herria no ha sido de delincuencias comunes personales sino de delitos políticos de confrontación violenta de una parte social con el Estado y que victimizó también a otra parte social ¿no habría de entrar, también por la vía de la Justicia Transicional?.

Recordemos que es una Justicia apropiada para asentar una transición política entre épocas distintas, que busca equilibrar exigencias jurídicas (verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición) y reconciliación política y construcción de una paz duradera, reinterpretando el ámbito penal desde la idea de facilitar la convivencia, sanar el cuerpo social y contando para ello con el respeto a todas las víctimas. Los terceros grados, los cumplimientos excarcelados de condenas y los indultos individuales serían la vía. La justicia no puede ser amnésica, pero su interpretación y la acción política no deben ir contra la normalización socio-política. La sociedad quiere pasar página, con la factura de la justicia reinterpretada, pero con la generosidad de cerrar una historia.

Lo transicional no solo afectaría a una parte sino también a los poderes de Estado e implicando su regeneración para que nunca en el futuro unas vulneraciones justifiquen otras vulneraciones. Por ejemplo, se trataría de hacer imposibles las torturas por la instauración de protocolos garantistas.

Claro que el hecho de que la “pax vasca” esté siendo unilateral y parcial va a dificultar enormemente que se instale, por la vía de la negociación, esa Justicia Transicional que se implantó en Irlanda, Sudáfrica, Centroamérica o ahora en Colombia. A pesar del precedente de la “generosidad” amnésica de la Transición respecto a la ultraderecha franquista que ejerció una violencia extrema durante 40 años, va a tener que ser fruto de la presión social; convenciendo primero a las elites, después a las instituciones vascas y…. luego a las estatales. Harina de otro costal.